El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga decretó, con carácter de urgencia y sin traslado previo, medidas cautelares en la acción popular que presentó el diputado de Santander Wilson Danovis Lozano Jaimes contra la Lotería Santander. La decisión es del 29 de septiembre de 2026 y le ordena a la Lotería abstenerse de escriturar y de transferir el inmueble de la carrera 7 No. 15-80 de Málaga mientras dure la medida. Alterius elaboró la demanda, que pide proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.

Un proceso declarado desierto y reabierto al día siguiente
El 16 de marzo de 2026, mediante la Resolución 092 de 2026, la Lotería Santander abrió la Invitación Pública IP-002-2026 para vender el inmueble. En ese proceso dos personas ofrecieron $900.000.000 y obtuvieron cien puntos en la evaluación. El 14 de abril, con la Resolución 097 de 2026, la entidad declaró desierto el proceso por deficiencias en la incorporación de los requisitos del SARLAFT, y dejó dicho que esa circunstancia no era imputable a los oferentes.
Al día siguiente, con la Resolución 098 de 2026, la Lotería abrió la Invitación Pública IP-003-2026 sobre el mismo inmueble. Los mismos oferentes presentaron una propuesta de $880.000.000 y la entidad les adjudicó el bien con la Resolución 103 del 24 de abril de 2026. El 27 de abril las partes firmaron la promesa de compraventa GG-007-011-2026, con cinco pagos de $176.000.000; el último vence el 24 de abril de 2029. El precio base se apoyó en el avalúo corporativo 0188-2024, expedido el 23 de abril de 2024 por $975.821.000, con una vigencia de un año según el propio documento.
Lo que plantea la demanda
La demanda sostiene que la nueva invitación dejó a la entidad en peor situación que la anterior: recibió un precio veinte millones de pesos inferior, aceptó el pago a treinta y seis meses sin una garantía suficiente para el saldo y se apoyó en un avalúo vencido. También cuestiona que la invitación se publicara solo en la página web de la Lotería y no en SECOP II, y que se exigiera a las personas naturales arraigo en Málaga. El bien pertenece a una entidad cuyas rentas la ley destina a los servicios de salud (Ley 643 de 2001, artículos 3 y 42).
En esta etapa el juzgado consideró que la demanda está razonablemente fundada, sin pronunciarse sobre el fondo. Tuvo en cuenta, además, que en junio de 2026 la misma entidad abrió la venta de otro inmueble, la Unidad Deportiva El Lago, con un avalúo de 2026, y que en la consulta de datos abiertos de SECOP II aportada con la demanda no aparecen los procesos IP-002-2026 e IP-003-2026.
Por qué el juez decidió sin escuchar antes a la Lotería
Pedimos que la medida se resolviera desde la presentación de la demanda, sin el traslado previo del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011. El despacho aceptó ese trámite porque el riesgo estaba escrito en el propio negocio: la promesa permite a los compradores hacer pagos anticipados totales o parciales sin penalidad, y dispone que, pagado el precio, se adelante el reparto notarial y se otorgue la escritura. Según el auto, la urgencia «no descansa exclusivamente en una eventualidad formulada por el accionante». Esperar el traslado ordinario habría dejado abierta la posibilidad de que el dominio se transfiriera durante ese término.
Lo que ordenó el juzgado
El auto ordena a la Lotería Santander abstenerse de adelantar el reparto notarial, de otorgar la escritura pública o de realizar cualquier actuación dirigida a transferir el dominio del inmueble con fundamento en la Invitación Pública IP-003-2026 o en la promesa GG-007-011-2026. También le prohíbe hacer nuevos actos de entrega material del inmueble a los compradores y buscar la restitución del bien contra el arrendatario que lo ocupa, cuando esas actuaciones se funden en la promesa.
El juzgado dispuso inscribir la medida en el folio de matrícula inmobiliaria 312-13522 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Málaga, para que tenga efectos frente a terceros. Además, ordenó a la Lotería informar en tres días los pagos recibidos, la entrega del inmueble, el estado de la escrituración y la situación del contrato de arrendamiento, y pidió a la Oficina de Registro el certificado de tradición y libertad actualizado.
Lo que el auto no decidió
El despacho no accedió a suspender de manera absoluta la recepción de pagos anticipados. Precisó, en cambio, que los pagos que se hagan mientras rija la medida no podrán dar lugar a la escritura ni a la transferencia del dominio. Las medidas son provisionales, pueden modificarse o revocarse en los casos del artículo 235 de la Ley 1437 de 2011 y no implican prejuzgamiento. Si la venta vulneró los derechos colectivos se decidirá en la sentencia.
Descarga el auto completo. Lee la decisión tal como fue proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga (radicado 68001-33-33-004-2026-00343-00).
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